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SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA POPULAR

Y EL DECRETO  2002 DEL 2002

 

La fallida ley de Seguridad Nacional del 2001 daba muestras del alcance fascista y guerrerista que estaba tomando la legislación colombiana en su afán de criminalizar y contener el movimiento democrático. Hoy, violando normas internacionales, en especial el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, el régimen de Uribe Vélez plasma su carácter fascista en las normas y decretos que se han expedido bajo el amparo de la Conmoción Interior como el  decreto 2002,  por el que se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación, y el decreto que define las dos primeras zonas mencionadas en el sur de Bolívar y Arauca; otros decretos sobre robos y daños en la infraestructura de hidrocarburos y sobre la extinción de dominio y el impuesto de guerra (1938), que conforman una abierta declaración de guerra contra el pueblo y sus organizaciones.

Todos esos decretos ponen en claro que el actual régimen fascista corporativo está decidido a suprimir el derecho a disentir, a tener libertad de conciencia, a expresar y difundir su pensamiento y opinión, a informar y recibir información veraz e imparcial, sin ser perseguido y catalogado como criminal. Entramos a un período de represión con el uso extremo de la fuerza armada las formas de lucha no militares de las masas, como movilizaciones, huelgas y paros, golpeando a los manifestantes, quemándoles la comida, hostigándolos, asesinando a sus lideres, utilizando armas de fuego contra población desarmada, realizando masacres antes y después de la manifestación y restringiendo la prensa.

En el enfrentamiento con el pueblo armado no se respeta el derecho a la vida y honra del combatiente, se le somete a la tortura, a la muerte fuera de combate, a altas penas, a la persecución e intimidación de los paramilitares dentro de las cárceles, al asedio y asesinato de sus familiares más cercanos; se les viola el debido proceso y se persigue a los defensores de los presos políticos y prisioneros de guerra y a las ONG's de derechos humanos. La población que se encuentra en una zona de disputa armada es tratada como si toda ella fuera combatiente, siendo elevado el número de no combatientes muertos durante los combates, tanto en la ciudad como en el campo.

El decreto 2002 de 2002, partiendo de la situación de Estado de Conmoción Interior reglamenta la acción de la Fuerza Pública, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y los organismos con atribuciones permanentes de policía judicial para el control del orden público en todo el país y establece las Zonas de rehabilitación y consolidación, en donde las garantías constitucionales son restringidas. A propósito es revelador la concepción fascista corporativa de Uribe: "En la historia de Colombia ha intervenido un falso civilismo que ha negado la seguridad y ha abandonado los ciudadanos a la suerte de los poderes irregulares".  "Nuestra patria necesita un gobierno con autoridad y la activa colaboración de los ciudadanos...Que los grupos de vigilancia  comunitaria cuiden actividades comunitarias...Que las redes civiles de informantes apoyen a la fuerza pública... Que campesinos y empresarios del campo colaboren con el aparato militar del Estado" (Del escritorio de Alvaro Uribe, 2002).La concepción para tomar esa serie de medidas se fundamenta en la viaja doctrina del enemigo interno, que lleva a ver al pueblo como el objetivo militar y a considerar toda forma de oposición como ilegítima y peligrosa.

La oposición política y el derecho a rebelarse de manera armada o no, se sataniza y criminaliza, dando tratamiento de combatiente a población no combatiente por el hecho de vivir en una zona guerrillera, apoyarla o simpatizar con ella, se eliminan los tramites normales de investigación por simples indicios en función de prevenir acciones de protesta, se busca el aislamiento internacional de los revolucionarios controlando y prohibiendo la movilización de extranjeros, a los que se acusa de brindar apoyo político o  militar, y se define áreas estratégicas, políticas y económicas que estén controladas históricamente por la guerrilla como población enemiga.

Los militares asumen funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio. Esto implica que los militares no van a necesitar de orden judicial sino que van a actuar en busca de pruebas o por indicios que pueden ser las informaciones de "sapos" o paramilitares, o el simple hecho de que una persona le parezca sospechosa a algún jefe militar, por ejemplo un dirigente o luchador popular; cosa que ya ha venido sucediendo, pues de los miles de allanamientos que van en lo corrido del año, muchos han sido contra activistas populares con la excusa de estar buscando milicianos, armas, explosivos o propaganda.

Las Zonas de rehabilitación y consolidación se definen como áreas con "población enemiga" donde el viejo Estado no puede ejercer control total (allí todos son sindicados de criminales), los órganos de poder constitucionales en la práctica son suplantados por el mando militar designado, se aplica un régimen de terror donde se suprimen todos los derechos y se comenten violaciones a la vida, la intimidad y los bienes y se aísla estas zonas para impedir las denuncias y el apoyo del resto de la nación. El gobierno previendo la cantidad de abusos que va a cometer en las zonas de rehabilitación y consolidación, crea un cerco de desinformación para evitar que se sepa que es lo que realmente sucede allí. Además restringe la circulación de personas (censos y salvoconductos), y se obliga a quienes habitan allí a prestar servicios y bienes a las fuerzas militares del régimen, convirtiendo en un deber el informar sobre las acciones de la guerrilla y sus simpatizantes.

El régimen ha pasado por encima de los poderes legislativo y judicial y con los decretos ha legislado de manera ilegal, ilegitima e inconstitucionalmente, transfiriendo facultades generalmente otorgadas a los órganos judiciales a autoridades que forman parte del Poder Ejecutivo, todas ellas con atribuciones de policía judicial, investidas de poderes absolutos en la lucha contra su enemigo, pues hay ausencia de precisión y claridad de las normas, ambigüedad en la formulación de los tipos penales que abre campo al abuso de autoridad y confiere discrecionalidad irrestricta a la FFMM violando el principio de que la acción del Estado debe estar fundada sobre la legalidad y violando los principios universales del derecho internacional y la preservación de los DDHH.

En muchas zonas se restringen y eliminan las libertades y derechos democráticos, poniendo en entredicho una serie de garantías constitucionales mínimas que son condiciones básicas para el libre ejercicio de la vida social.

Aunque la Corte Constitucional declaró inconstitucional algunas apartes del decreto, el pasado 26 de noviembre, entre ellos la detención sin orden judicial, las restricciones a la libertad de prensa, las facultades de policía judicial a los militares, el control directo del Ministerio del Interior sobre las zonas de rehabilitación, el Ejecutivo y los medios de comunicación de las clases dominantes han presionado para que se garantice su aplicación y se mantenga la esencia política del decreto, lo que indica que la criminalización de la protesta popular será la constante en el tratamiento a la lucha democrática y revolucionaria del pueblo colombiano.

 

 

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